Nueva ley da acceso total del gobierno a tu información privada
Los particulares que se nieguen a entregar información requerida por las autoridades podrían ser multados hasta con dos millones 262 mil pesos.
Tras la aprobación del Senado de la República de la nueva ley que crea un sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, el Gobierno tendrá acceso legal a bases de datos públicas y privadas para investigar, cruzar y analizar información relacionada con delitos.
La legislación fue presentada como una herramienta para fortalecer la lucha contra el crimen, aunque generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición por el posible abuso de poder y la vulneración a derechos fundamentales.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación de Inteligencia en Seguridad Pública fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, por primera vez, establece un sistema centralizado con facultades legales para recolectar, interconectar y analizar información de instituciones públicas y también privadas.
Se trata de una plataforma que podrá acceder a datos biométricos, fiscales, bancarios, vehiculares, telefónicos, comerciales e incluso médicos de cualquier ciudadano.
Según la iniciativa, el objetivo es prevenir delitos, desarticular redes criminales, generar inteligencia táctica y estratégica, y colaborar con el Ministerio Público en la judicialización de casos.
Además, responde a una realidad urgente el crimen organizado se vale de tecnología avanzada y el Estado necesita herramientas para enfrentarlo. Sin embargo, el gran dilema es cómo garantizar la seguridad sin sacrificar las libertades civiles y la privacidad.
El acceso a comunicaciones privadas, estados bancarios y expedientes médicos se realizará sin necesidad de una orden judicial.
Nueva ley da acceso total del gobierno a tu información privada
Recientes reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen el uso obligatorio de una CURP biométrica para acceder a servicios públicos y privados.
En el caso de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones establece la obligación de los usuarios de proporcionar datos biométricos para contratar servicios de telefonía e Internet.
El plazo para entregar esta información será de 90 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y quienes no actualicen sus datos podrán perder el servicio.
La ley también faculta al gobierno a geolocalizar a los usuarios sin necesidad de orden judicial y otorga acceso a datos personales y biométricos a diversas dependencias y entidades.
Los particulares que se nieguen a entregar información requerida por las autoridades podrían ser multados hasta con dos millones 262 mil pesos.
Esta obligación aplicará para entes públicos y privados del sector financiero, transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería, seguridad social e iglesias.
Además, para mejorar los procedimientos en la búsqueda de personas desaparecidas, los particulares estarán obligados a entregar imágenes o mediciones obtenidas por satélites, aeronaves no tripuladas u otras tecnologías cuando así se les requiera.
También se contempla la creación de una plataforma única de identidad que permitirá rastrear, validar y gestionar la identidad de todas las personas en México en tiempo real. Activistas y legisladores de oposición han expresado preocupación por el alcance de esta medida, ya que temen que cada movimiento ciudadano pueda ser monitoreado.
Desde hacer un trámite hasta realizar compras cotidianas, todo podría ser registrado por el sistema.
La oposición advirtió sobre el riesgo de que la CURP biométrica se convierta en una llave de acceso total al comportamiento de la población.
El senador panista Agustín Dorantes alertó sobre los riesgos que representa el nuevo marco legal en materia de libertad de expresión.
Dorantes indicó que, aunque se eliminó del artículo 109 la censura explícita a plataformas digitales, esta se reintrodujo mediante otros mecanismos.